SCJN se pronuncia sobre el amparo en revisión contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica

 Profesional relacionado: Aisha Calderón , Everardo J. Espino , Horacio M. de Uriarte , Salvador E. Alday   |      01/02/2024

En la sesión del 31 de enero de 2024, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió sobre cierto amparo en revisión que fue promovido por seis empresas del sector privado en contra de lo establecido en el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2021 (el “Reforma”).

 

Las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama votaron en contra de la inconstitucionalidad de la Reforma, mientras que los ministros Luis María Aguilar Morales y el ministro presidente de la Segunda Sala, Alberto Pérez Dayán, votaron a favor, finalmente ejerciendo éste su voto de calidad como ministro presidente para resolver por la inconstitucionalidad de la Reforma.

La resolución de la Segunda Sala deja sin efecto las modificaciones establecidas en la Reforma a los artículos 3, fracciones V, XII, XII bis y XIV, 4, fracciones I y VI, 12 fracción I, 26, 35, párrafo primero; 53; 101, 108, fracciones V y VI, y 126, fracción I. Por otro lado, se sobreseyó el amparo respecto del artículo cuarto transitorio (relativo a la revisión de permisos de autoabastecimiento), mientras que el artículo quinto transitorio (relativo a revisión de contratos adjudicados a productores independientes de energía) no fue objeto del amparo en cuestión.

A manera de resumen, la Segunda Sala determinó que el orden de prelación en el despacho de energía establecido en la Reforma, que prioriza a los generadores estatales como la Comisión Federal de Electricidad (“CFE”) y sus centrales eléctricas asociadas para inyectar su energía a la Red Nacional, contraviene los principios de libre concurrencia y competencia contenidos en el artículo 28 de la Constitución Federal y en la reforma energética de 2013.

Lo anterior, dado que este mecanismo no atiende al criterio de eficiencia establecido en la Constitución Federal, modificando los principios conforme a los que opera la industria eléctrica y el criterio económico conforme al cual, el Centro Nacional de Control de Energía debía despachar primero a las centrales eléctricas más eficientes, sustituyéndolo por la obligación de despachar primero a las centrales que hayan celebrado un contrato de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física.

Además, la Reforma otorga un trato preferencial a la CFE al introducir los contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física, que solo podrían ser celebrados por suministradores de servicios básicos, es decir, CFE Suministrador de Servicios Básicos. A juicio de la Segunda Sala, esto elimina la necesidad de que los suministradores de servicios básicos celebren contratos mediante la participación en subastas, dando un trato diferenciado respecto del trato a empresas del sector privado, afectando nuevamente el principio de libre competencia.

Por otro lado, la Reforma modificaba el proceso de otorgamiento de certificados de energías limpias, permitiendo que tanto los participantes del mercado que operan bajo el régimen resultado de la reforma energética de 2013, como aquellos generadores que operan bajo el régimen legado de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, adquieran certificados de energía limpia. La Segunda Sala consideró que esta medida puede distorsionar el mercado de los certificados de energía limpia debido a la posible emisión excesiva de estos, desincentivando así la producción real de energía limpia y transgrediendo contra los derechos a un medio ambiente sano y a un desarrollo sustentable.

La Suprema Corte también determinó que el fortalecimiento de las empresas estatales que busca la Reforma no justifica el desconocimiento del contenido de la Constitución Mexicana en materia de energía eléctrica; precisando que, aunque la CFE es una empresa del Estado, ésta no puede tener ventajas que contravengan los principios constitucionales de libre competencia y concurrencia.

Por último, aunque el amparo haya sido promovido por seis empresas privadas, la resolución se emitió con efectos generales. La Segunda Sala consideró que, de lo contrario, se crearían reglas dispares para la contratación de energía eléctrica, el acceso a la Red Nacional y la adquisición de certificados de energías limpias, contraviniendo los principios establecidos en la Constitución aplicables a la industria eléctrica, por lo que la resolución tendrá un impacto general para todos los participantes del Mercado Eléctrico Mayorista.

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