El pasado 3 de marzo de 2022, la Comisión Federal de Competencia Económica (“COFECE”) emitió una opinión (la ”Opinión”) sobre la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia energética” (la “Iniciativa”)[1] que fue presentada por el Presidente López Obrador ante la Cámara de Diputados, respecto de ciertas disposiciones que pretenden suprimir la competencia económica en el sector energético.

A manera de contexto, la Opinión menciona las siguientes acciones previas del Gobierno Federal que han buscado afectar la competencia en la industria eléctrica: (i) la cancelación de las Subastas de Largo Plazo; (ii) la modificación por la Comisión Reguladora de Energía (“CRE”) de los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad (“CFE”); (iii) la publicación por el Centro Nacional de Control de Energía (“CENACE”) del Acuerdo para garantizar la eficacia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de COVID-19; (iv) la publicación por la Secretaría de Energía (“SENER”) de la Política de Confiabilidad; (v) la actualización de los cargos por el servicio de transmisión de electricidad en los que incurren los permisionarios de autoabastecimiento y cogeneración por la CRE; y (vi) la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica emitida por el Congreso de la Unión.

En cuanto al contenido de la Iniciativa, en primer lugar, la Opinión se enfoca en señalar las consecuencias de incluir las actividades de generación y suministro como áreas exclusivas del Estado, así como de limitar la participación del sector privado en la generación de electricidad al 46%.